POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA. LOS DIPLOMÁCOS: MÉRITO E INFORTUNIO

Martes 25 de junio de 2002 

Los diplomáticos: mérito e infortunio

Por Leandro Despouy
Para LA NACION

  

La diplomacia ha sido, desde siempre, un elemento inescindible del progreso e integración de los pueblos. La creciente interdependencia y complejidad del orden mundial le confieren hoy aún mayor significación. Esto explica que los países desarrollados, sin excepción, confieran una importancia particular a su política exterior y cuenten con una diplomacia altamente profesionalizada. Brasil, Chile y México asocian su prestigio al de sus respectivas cancillerías y en el mundo son muchos los países que, aun sin disponer de un sólido poderío económico o militar, logran ocupar un espacio importante en la escena internacional y provechos concretos para sus pueblos gracias a la inteligencia y el vigor de su diplomacia.

Más allá de las vicisitudes que signaron nuestra vida institucional, en el pasado la Argentina contó con personalidades que prestigiaron su diplomacia y la proyectaron como una de las más destacadas de la región, como fue el caso de Luis María Drago y Carlos Saavedra Lamas, entre otros. En 1963 se creó el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, cuya autoridad y solvencia académica han perdurado, a pesar de las reiteradas injerencias que en el campo diplomático tuvieron las sucesivas irrupciones de gobiernos de facto.
Veinte años más tarde, con el regreso a la democracia, la reconstrucción del servicio exterior se transformó en una alta prioridad. Con justicia fueron reincorporados todos aquellos que habían sido separados por el régimen militar. Se privilegió la idoneidad y, al mismo tiempo, se pudo mostrar al mundo el sesgo pluralista de nuestra transición y la vocación democrática del proceso que empezaba. Sin embargo, de aquellos años a hoy han ocurrido hechos que afectaron gravemente al servicio exterior de la Nación, al extremo de que ese cuerpo pasa por uno de los momentos más críticos de su historia.
Desde 1998, el régimen de promociones y ascensos está congelado. Hay un importante contingente de profesionales que hace entre seis y ocho años que no ascienden. A este hecho, en sí mismo inaceptable, se suma el deterioro de los sueldos. Nuestros diplomáticos constituyen el cuerpo profesional más antiguo de la administración pública y, sin duda, uno de los mejor capacitados. Cuentan con una sólida formación y disponen de la experiencia necesaria para defender los intereses del país en la compleja vida internacional, en permanente mutación.

La imagen de los argentinos

Luego de haberme desempeñado durante varios años como embajador extraordinario y plenipotenciario, puedo testimoniar con inocultable gratitud sobre la excelencia profesional y la vocación de servicio de la mayoría de los cuadros, sobre todo los jóvenes, de la Cancillería argentina. La incorporación de mujeres a la carrera diplomática ha crecido considerablemente en las últimas dos décadas y prácticamente ha desaparecido toda forma de discriminación ideológica o de otra índole, incluso la que en forma velada se aplicó, hasta el advenimiento de la democracia, para el ingreso a la carrera de ciudadanos de origen judío. No obstante, la difícil situación que enfrenta nuestro servicio exterior parece estar ausente de las preocupaciones corrientes de los responsables del Estado y de la agenda de los problemas del país que exigen inmediata resolución. Sumado al deterioro social que se registra en el país, a los continuos recortes en su presupuesto y el consecuente cierre de embajadas en el exterior, este cuerpo profesional se encuentra como abandonado a su propia suerte y, lo que es peor, muchas veces afectado por las disputas interpartidarias. Aunque destacados diplomáticos de carrera ocuparon cargos de importancia en el Palacio San Martín, este hecho no se tradujo en un mejor tratamiento de los funcionarios.
Es de esperar que las nuevas autoridades de la Cancillería tengan una actitud más justa y positiva con el cuerpo y que el Senado de la Nación considere lo antes posible los ascensos que le han sido sometidos.
En momentos en que miles de compatriotas se precipitan sobre los consulados extranjeros con el propósito de abandonar el país en busca de un mejor porvenir, la atención de los cuadros profesionales de la Cancillería adquiere una importancia singular. Ellos, merced a su alta calificación, cuentan con mayores posibilidades para ocupar cargos de jerarquía en organismos internacionales o, simplemente, para emigrar y obtener trabajos calificados en el exterior. Para evitarlo, el Estado debe actuar con rapidez y responsabilidad.
Nuestro cuerpo diplomático es la carta de presentación de los argentinos en el mundo y, en cierta forma, el portador de nuestra propia imagen. Han sido los profesionales de la Cancillería los artífices de muchos de los grandes logros de política exterior. A la diplomacia profesional debemos la articulación práctica del proceso de integración regional a través del Mercosur y las principales iniciativas tendientes a defender la democracia en el continente, como fue la reforma de la Carta de la OEA para suspender a los países en los que se interrumpa la legalidad constitucional.
La activa presencia del país en las operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo ha sido posible gracias al decidido apoyo e involucramiento de la Cancillería. Sus funcionarios de carrera trabajaron arduamente para la resolución de todos los puntos de conflicto con Chile en materia limítrofe y dieron fundamento al fallo favorable a la Argentina en el arbitraje de Laguna del Desierto.
La construcción de una política exterior activa en el campo de los derechos humanos le ha permitido a nuestro país, a través de la diplomacia, recuperar su credibilidad internacional, denotar su apego a la democracia y su decidida voluntad de preservar los derechos de todos sus habitantes, cuyo respeto debe incluir, claro está, a quienes, por vocación, abrazaron la carrera diplomática.
El autor es presidente de la Auditoría General de la Nación. Fue representante especial para derechos humanos de la Cancillería argentina con rango de embajador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. .

 

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Lunes 02 de septiembre de 2002 |

El servicio exterior ante las nuevas urgencias nacionales

Por Oscar Torres Avalos y Guillermo Jacovella
Para LA NACION

  

 

A casi treinta años de la sanción y publicación de la Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957, parece conveniente efectuar un breve repaso de las circunstancias que la rodearon, no sólo por la importancia de su especial y delicada materia para la República, sino por lo ejemplar del debate legislativo, desarrollado con inusual profundidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación por todos los legisladores intervinientes.

El 8 de marzo de 1974, el presidente de la Nación, Juan D. Perón, acompañó el proyecto de ley con un mensaje rico en conceptos y definiciones de objetivos. Decía ese mensaje: "En la elaboración del proyecto de Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación ha privado esta idea: la estabilidad del cuerpo de funcionarios que lo componen es el requisito esencial para mantener la eficiencia del Servicio. [...] Se concibe al Servicio como un órgano de características especiales dentro de la administración pública, destinado a asegurar la soberanía de la Nación y lograr la prevalencia del interés nacional en la formulación y ejecución de la política exterior". El mensaje presidencial también se refería a la necesidad de la "provisión de un régimen previsional adecuado a las peculiaridades y necesidades propias del sector".
El entonces senador nacional êtalo Luder fue miembro informante del proyecto ante el Senado. Su intervención fue sólida y concisa. Destacamos algunos de sus conceptos:
"El personal del Servicio Exterior está llamado a cumplir una tarea que no se ajusta a reglas estáticas sino a una realidad variable y cambiante, que cotidianamente el diplomático debe enfrentar y mensurar con capacidad, prudencia, tacto y vocación de servicio. [...] La historia enseña que es muy alto el precio que se paga por los errores cometidos en el manejo de la política exterior cuando la negligencia o la inoperancia reemplazan a la responsabilidad y a la eficiencia.
"[...] Las características y exigencias especiales de la función diplomática, las particularidades propias de sus tareas, el ámbito en que se desarrolla su actividad y su misión permanente de salvaguarda de la soberanía nacional fuera de las fronteras de la República hacen necesario que la situación legal de los funcionarios del Servicio Exterior esté reglada por un instrumento específico distinto del que rige para el resto de la administración pública. Por ello, también son distintas las obligaciones y exigencias a las que están sometidos así como las limitaciones e incompatibilidades."
Después de un exhaustivo debate, el proyecto fue aprobado, con modificaciones que casi no alteraron el texto enviado por el Poder Ejecutivo. La ley fue sancionada el 22 de mayo de 1975 y promulgada el 5 de junio con el N° 20.957 como Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación (B.O. 16 VI 1975). Con posterioridad, y en cumplimiento de lo prescripto específicamente por dicha ley, se aprobó por ley 22.731 el régimen jubilatorio específico para el personal del Servicio Exterior de la Nación.

Jubilaciones especiales

Toda esta meditada y coherente obra legislativa en defensa del interés nacional, concretada a lo largo de distintos gobiernos, constituye un patrimonio institucional de la Nación y un orgullo para todos los argentinos.
Por otra parte, en nuestro país la carrera diplomática impone, por ley, una serie de singulares exigencias y limitaciones.
Para ingresar, se necesita título universitario de una carrera de cuatro años como mínimo, fluido manejo de dos idiomas, ingreso por concurso público de oposición y antecedentes, y aprobación de dos años en el Instituto del Servicio Exterior, uno de los posgrados mas exigentes de nuestro país. La carrera comienza por el escalafón más bajo y se requiere un plazo mínimo de veinte años y acuerdo del Senado para acceder a las categorías superiores.
Impone asimismo varias restricciones. Se prohíbe a los funcionarios diplomáticos, tanto en actividad como en retiro, representar firmas comerciales o intereses extranjeros en el país o formar parte de sus directorios y prestar servicios en país extranjero del que fuera originario su cónyuge. Se les prohíbe ejercer la docencia, salvo en el ámbito universitario y siempre que no interfiera con sus tareas. Se pierde el "estado diplomático" por presentación del diplomático en concurso civil o ser declarado fallido. Se les prohíbe contraer matrimonio con extranjeros que no hayan previamente obtenido carta de ciudadanía. Se les exige guardar absoluta reserva acerca de cuestiones confidenciales o secretas que conozcan en razón de sus funciones, aun cuando dejaran de pertenecer al Servicio Exterior de la Nación, etcétera. Además, se imposibilita, de hecho, toda posible jubilación del cónyuge.
La ley N° 20.957, pilar fundamental de tal arquitectura institucional ha resistido sin cambios el paso de casi treinta años de vigenc, pese a intentos, felizmente fallidos, de modificarla, lo que resulta la mejor prueba de la seriedad y responsabilidad con la que fue redactada y aplicada. Lamentablemente, nos encontramos en estos días frente a intentos de derogar la ley N° 22.731, otro de los pilares fundamentales de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, que la prevé en su arículo 104. Tales intentos parecen olvidar que la jubilación de los diplomáticos no constituye una jubilación de privilegio, sino un legítimo sistema jubilatorio, sujeto a un mínimo de treinta años de servicios y aportes, siendo la contrapartida del conjunto de obligaciones y restricciones que la ley 20.957 impone a los funcionarios del Servicio Exterior, únicas en la administración pública nacional. Por lo demás, el proyecto de ley que está hoy a consideración del Congreso no afecta las reales jubilaciones de privilegio obtenidas sin los requisitos mínimos y sólo se refiere a regímenes especiales, como el establecido para la Justicia y el Servicio Exterior, que no son de privilegio y que han sido establecidos por la singularidad y especificidad de sus tareas.
De prevalecer esos intentos, dudosamente constitucionales y contrarios a la doctrina de la Corte Suprema, que reiteradamente ha destacado el extremo cuidado que debe utilizarse al modificar regímenes previsionales, no sólo se alterarían derechos adquiridos sino también los que se encuentran en curso legítimo de adquisición. Ello se agravaría de tipificarse el carácter confiscatorio según criterio regular y pacífico de la Corte Suprema de Justicia.
La crisis que vive el mundo y que se refleja agudamente en nuestro país requiere como respuesta una política exterior activa y profesionalmente ejecutada. Se trata de una responsabilidad irrenunciable del Estado y todo intento de afectarla o rebajarla se inscribe en una acción orientada a debilitar el Estado y la defensa de los intereses nacionales permanentes. .
Los autores son embajadores, integrantes del Servicio Exterior de la Nación.