Diario "Clarín". Buenos Aires, 26 de octubre de 2014.
El marketing de la inseguridad, diez años y seis meses después
Blanco sobre negro.
El Gobierno presentó un plan para luchar
contra la inseguridad. Lo hizo en la Casa Rosada, con el gabinete en
pleno y casi todos los gobernadores presentes. La columna vertebral del
ambicioso proyecto tiene ocho puntos clave:
Uno. La creación de una fuerza federal de seguridad integrada por 18.000 hombres para moverse en todo el país bajo el mando de un jefe civil. Estará dividida en dos áreas. Una para investigaciones, que actuará en delitos complejos. La otra se llamará Fuerza Federal para la Paz y actuará en áreas críticas a pedido del Consejo de Seguridad que integran todas las provincias. La nueva Policía será absolutamente independiente de la Federal, la Gendarmería, la Prefectura y las fuerzas provinciales.
Dos. Habrá juicio por jurados en todo el país para delitos graves. Al jurado lo integrarán 12 ciudadanos.
Tres. Se eliminará el fuero federal. Los 12 juzgados federales porteños serán disueltos y se unificarán con los juzgados porteños de instrucción.
Cuatro. Habrá fiscalías descentralizadas en todos los barrios de la Capital, para implementar una justicia de proximidad con los vecinos.
Cinco. Se bajará la edad de imputabilidad. Los adolescentes podrán ser juzgados desde los 14 años para los casos de delitos graves y no desde los 16, como ahora.
Seis. Control civil sobre la Policía. Habrá concursos para que los civiles puedan ocupar cargos de comisario. Al principio se hará con el 10 por ciento de las plazas de la cúpula de la Federal y luego se irá extendiendo a más comisarías.
Siete. En tres años se van a construir y ampliar ocho cárceles, para lo cual hay un presupuesto estimado de 1.000 millones de pesos.
Ocho. Los sábados abrirán sus puertas 1.000 colegios de barrios marginales para promover que los chicos más necesitados participen de tareas educativas y recreativas más tiempo, en lugar de estar en la calle.
Final entre aplausos, abrazos emocionados y expectativa.
El único problema es que el plan se presentó el 19 de abril de 2004. Lo hizo el presidente Néstor Kirchner y hubo una exposición de una hora de su ministro de Justicia, Gustavo Béliz. Algunos de los puntos se terminarían de definir en el Congreso, donde jugaba un papel central la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien la noche anterior estuvo ayudando a su marido en la redacción final del anuncio.
Diez años y seis meses después, la presidenta Cristina habla al país y explica los alcances del proyecto del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, un manual de los procedimientos judiciales. Al rato aclara que hablará de delitos, no de inseguridad, porque “la inseguridad tiene mucho marketing”. Aunque el ministro Randazzo intentó explicarla, todos entendimos lo que quiso decir: que la palabra inseguridad es meneada exageradamente por opositores y medios independientes.
Los expertos en marketing dicen que el secreto de la actividad es hallarle valor agregado a los productos que se ofrecen, con una máxima de hierro: mostrar las fortalezas –incluso crearlas, si no las hay– y ocultar las debilidades. Sirve para electrodomésticos, candidatos o funcionarios. En el marketing político es clave la puesta en escena.
Cristina sigue hablando y dice que los extranjeros que delincan serán deportados a sus países de origen, una idea que, tomada con ligereza, puede volverse peligrosa: hace dos meses, en un barrio de Río Cuarto, un grupo de vecinos salió a quemar las casas de “los bolivianos” –la mayoría, trabajadores horticultores– porque un hombre de esa nacionalidad había asaltado y matado a un comerciante. En las cárceles argentinas, apenas 6 de cada 100 presos son extranjeros. Aunque la decisión particular de deportar al que delinque suene lógica, no muestra ni de cerca la realidad de la inseguridad cotidiana en la Argentina. Además, se propone deportar al extranjero que sea hallado in fraganti, pero que no tenga residencia legal en el país ni razones de arraigo familiar que se lo impidan. Y sólo si comete un delito federal o en jurisdicción nacional, porque si lo comete en el conurbano, por ejemplo, la ley no aplica porque la Provincia tiene otro código procesal. La medida parece una cosa, pero es otra. Una ley del marketing.
Sigue el discurso de Cristina y explica que los fiscales deben meter presas a las personas que delincan, sobre todo en los casos que generen “conmoción social”. Y alude al motochorro de la Boca. El personaje en cuestión debía ir preso inmediatamente, pero no por haber alcanzado repercusión pública sino por asaltar a un turista a mano armada. ¿Qué significa ese punto? ¿Que no importa si quedan libres autores de robos que no salen en los diarios ni en la televisión?
Allí el Gobierno retoma la posta de Adrián Pelacchi, jefe de la Policía Federal y luego secretario de Seguridad de Carlos Menem. Pelacchi había dado una orden interna para esclarecer un porcentaje determinado de los delitos que ocurrieran en la ciudad, pero pedía el doble de eficacia en los casos que tuvieran “gran repercusión pública”. Mostrar efectividad antes que lograrla es otro clásico del marketing político.
En estos diez años, mientras tanto, los números reales, voraces, helados, dictaron su sentencia. En 2004 hubo en la Provincia de Buenos Aires 171.467 delitos contra la propiedad, y fue récord: 20 robos por hora. El año pasado hubo 264.166 robos y asaltos: 30 por hora. La población creció un 10 por ciento en ese período. El delito, un 54 por ciento.
Entretanto, ninguno, ni siquiera uno solo de los ocho puntos centrales de aquel plan de seguridad anunciado hace diez años y seis meses se cumplió jamás. El anuncio se había hecho tras una marcha multitudinaria por el secuestro y asesinato de Axel Blumberg. Para la tribuna. Cristina tiene razón: marketing puro.
Uno. La creación de una fuerza federal de seguridad integrada por 18.000 hombres para moverse en todo el país bajo el mando de un jefe civil. Estará dividida en dos áreas. Una para investigaciones, que actuará en delitos complejos. La otra se llamará Fuerza Federal para la Paz y actuará en áreas críticas a pedido del Consejo de Seguridad que integran todas las provincias. La nueva Policía será absolutamente independiente de la Federal, la Gendarmería, la Prefectura y las fuerzas provinciales.
Dos. Habrá juicio por jurados en todo el país para delitos graves. Al jurado lo integrarán 12 ciudadanos.
Tres. Se eliminará el fuero federal. Los 12 juzgados federales porteños serán disueltos y se unificarán con los juzgados porteños de instrucción.
Cuatro. Habrá fiscalías descentralizadas en todos los barrios de la Capital, para implementar una justicia de proximidad con los vecinos.
Cinco. Se bajará la edad de imputabilidad. Los adolescentes podrán ser juzgados desde los 14 años para los casos de delitos graves y no desde los 16, como ahora.
Seis. Control civil sobre la Policía. Habrá concursos para que los civiles puedan ocupar cargos de comisario. Al principio se hará con el 10 por ciento de las plazas de la cúpula de la Federal y luego se irá extendiendo a más comisarías.
Siete. En tres años se van a construir y ampliar ocho cárceles, para lo cual hay un presupuesto estimado de 1.000 millones de pesos.
Ocho. Los sábados abrirán sus puertas 1.000 colegios de barrios marginales para promover que los chicos más necesitados participen de tareas educativas y recreativas más tiempo, en lugar de estar en la calle.
Final entre aplausos, abrazos emocionados y expectativa.
El único problema es que el plan se presentó el 19 de abril de 2004. Lo hizo el presidente Néstor Kirchner y hubo una exposición de una hora de su ministro de Justicia, Gustavo Béliz. Algunos de los puntos se terminarían de definir en el Congreso, donde jugaba un papel central la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien la noche anterior estuvo ayudando a su marido en la redacción final del anuncio.
Diez años y seis meses después, la presidenta Cristina habla al país y explica los alcances del proyecto del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, un manual de los procedimientos judiciales. Al rato aclara que hablará de delitos, no de inseguridad, porque “la inseguridad tiene mucho marketing”. Aunque el ministro Randazzo intentó explicarla, todos entendimos lo que quiso decir: que la palabra inseguridad es meneada exageradamente por opositores y medios independientes.
Los expertos en marketing dicen que el secreto de la actividad es hallarle valor agregado a los productos que se ofrecen, con una máxima de hierro: mostrar las fortalezas –incluso crearlas, si no las hay– y ocultar las debilidades. Sirve para electrodomésticos, candidatos o funcionarios. En el marketing político es clave la puesta en escena.
Cristina sigue hablando y dice que los extranjeros que delincan serán deportados a sus países de origen, una idea que, tomada con ligereza, puede volverse peligrosa: hace dos meses, en un barrio de Río Cuarto, un grupo de vecinos salió a quemar las casas de “los bolivianos” –la mayoría, trabajadores horticultores– porque un hombre de esa nacionalidad había asaltado y matado a un comerciante. En las cárceles argentinas, apenas 6 de cada 100 presos son extranjeros. Aunque la decisión particular de deportar al que delinque suene lógica, no muestra ni de cerca la realidad de la inseguridad cotidiana en la Argentina. Además, se propone deportar al extranjero que sea hallado in fraganti, pero que no tenga residencia legal en el país ni razones de arraigo familiar que se lo impidan. Y sólo si comete un delito federal o en jurisdicción nacional, porque si lo comete en el conurbano, por ejemplo, la ley no aplica porque la Provincia tiene otro código procesal. La medida parece una cosa, pero es otra. Una ley del marketing.
Sigue el discurso de Cristina y explica que los fiscales deben meter presas a las personas que delincan, sobre todo en los casos que generen “conmoción social”. Y alude al motochorro de la Boca. El personaje en cuestión debía ir preso inmediatamente, pero no por haber alcanzado repercusión pública sino por asaltar a un turista a mano armada. ¿Qué significa ese punto? ¿Que no importa si quedan libres autores de robos que no salen en los diarios ni en la televisión?
Allí el Gobierno retoma la posta de Adrián Pelacchi, jefe de la Policía Federal y luego secretario de Seguridad de Carlos Menem. Pelacchi había dado una orden interna para esclarecer un porcentaje determinado de los delitos que ocurrieran en la ciudad, pero pedía el doble de eficacia en los casos que tuvieran “gran repercusión pública”. Mostrar efectividad antes que lograrla es otro clásico del marketing político.
En estos diez años, mientras tanto, los números reales, voraces, helados, dictaron su sentencia. En 2004 hubo en la Provincia de Buenos Aires 171.467 delitos contra la propiedad, y fue récord: 20 robos por hora. El año pasado hubo 264.166 robos y asaltos: 30 por hora. La población creció un 10 por ciento en ese período. El delito, un 54 por ciento.
Entretanto, ninguno, ni siquiera uno solo de los ocho puntos centrales de aquel plan de seguridad anunciado hace diez años y seis meses se cumplió jamás. El anuncio se había hecho tras una marcha multitudinaria por el secuestro y asesinato de Axel Blumberg. Para la tribuna. Cristina tiene razón: marketing puro.
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