Diario "Clarín". Buenos Aires, 17 de agosto de 2008
Huellas del Beagle: Chile mantiene en sus fronteras 106 mil explosivos
Son minas antipersonales, en 168 zonas de la Cordillera. Deben desactivarlas antes del 2012. Pero informes chilenos revelan que no se llega. Relato desde un campo minado, a 30 años del conflicto.
El
temporal retumba en el Estrecho de Magallanes. La barcaza que llega al
lado chileno de la isla de Tierra del Fuego se sacude como una cáscara
de nuez, pero logra anclar. Baja la compuerta y libera una docena de
autos y camiones con mercaderías para la isla. La maniobra es intensa,
porque el viento es de 120 kilómetros por hora. Las playas de Bahía Azul
confunden a los visitantes, porque un cartel los saluda: "Bienvenidos a
Chile" y otro los asusta: "Peligro, Campo Minado". Fueron colocados a
dos metros de distancia y recuerdan la crispación que se vivió hace 30
años, cuando casi estalla la guerra con Argentina.
Todavía hoy, Chile tiene sus fronteras minadas. No desactivó 106.894 minas, que están desparramadas en 168 campos, al norte y al sur de la Cordillera de los Andes. Perú, Bolivia y Argentina son los tres países que limitan con esas barreras, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, pero amenaza vigente para la población civil.
El paso de los enviados de Clarín es advertido por un lugareño: "No se salgan de la ruta, porque si se adentran, corren serios riesgos". Pero hay que salirse y al menos sortear un alambrado caído para poder fotografiar y tomar nota de los carteles que confirman la presencia de esos artefactos, diseñados para diezmar a las tropas de desembarco.
En la Bahía Azul, las señales de alerta son rojas y verdes. Están en español, inglés y alemán, pero todas advierten lo mismo: que avanzar significa perder la vida o quedar mutilado. Un matrimonio de viajeros italianos pregunta desde la banquina: "¿Esto de las minas no será un invento para tener a raya a los argentinos?". Los informes oficiales son menos incrédulos: las minas están, son 3.636 en la zona costera y pueden explotar.
La constatación puede hacerse en la página Web de la Oficina para el Desarme de las Naciones Unidas. Allí está el Informe de Transparencia de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario (CNDA) que creó Chile para cumplir con la Convención de Ottawa, que prohíbe el uso y la producción de minas antipersonales y ordena destruírlas.
Si se cruzan los datos, puede deducirse que Chile no llegará a desminar su territorio para el año 2012, como indica su compromiso original, y que necesitará una prórroga para llegar al objetivo. En 2002, Chile declaró tener 122.661 minas en zonas de frontera. Al año siguiente las contó mejor y reportó 123.443.
Para el año 2005, el país trasandino mejoró el ritmo del desminado, porque dijo tener instaladas 119.347 minas y menos cantidad en 2006: 117.108, según los documentos a los que accedió Clarín. El año pasado, el reporte chileno habló de 112.449 minas, mientras que en mayo último se notificó a la ONU la cifra actual, 106.894. Pasado en limpio, desde 2002, sólo 15.767 minas fueron encontradas, extraídas del suelo y anuladas en su capacidad de daño. Representan el 12,8 por ciento del total. Y quiere decir que el trabajo está lejos de completarse.
Marcela Ríos, oficial de Gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, considera que "el proceso de desminado está en marcha y muy bien porque existe un fuerte compromiso del Estado de Chile y se han aumentado los recursos para hacerlo". Sin embargo, estima que "a pesar del fuerte impulso, es improbable que se cumpla con la meta del 2012 y quizás sea necesario extender dicho plazo".
El trabajo, sobre todo aquí, en el Sur, se dificulta por las condiciones climáticas (los expertos pueden trabajar sólo tres semanas al año) y los costos operativos. Poner una mina cuesta entre 50 y 200 dólares. Sacarla sale mucho más: 1.000 dólares. Hay países que hacen los dos trabajos: el negocio de la guerra y el negocio de la paz.
Las minas que se destruyeron más rápido fueron las que estaban almacenadas, el triple de las que permanecen activas. Según la Comisión de Desminado de Chile, en agosto de 2003 se completó la destrucción de las 300.039 que había en stock. Sólo se quedaron con un puñado para entrenamiento.
De las planillas documentales obtenidas por Clarín, también puede ponerse atención en las fechas de colocación de los explosivos. De ese ejercicio, salta un vínculo inmediato entre la instalación de campos minados y momentos clave en la Argentina gobernada por los militares. La mayoría de las minas fueron colocadas entre 1978 y 1979, cuando el conflicto por el Beagle estaba latente, y entre 1981 y 1983, cuando se produjo la guerra de Malvinas y el ocaso de la dictadura argentina.
"Hoy Chile está conforme con su statu quo territorial y no tiene reclamaciones pendientes con sus vecinos. Por lo tanto, su gran objetivo no es ofensivo, sino defensivo. Para materializar su defensa, ha escogido una estrategia disuasiva", aclaró la Comisión de Desminado en su página Web.
Del lado argentino, el ministro Gustavo Ainchil, de la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales, explicó que Chile "no ha incrementado su gasto en Defensa, sino que lo mantiene constante, y eso es bueno, porque quiere decir que no está en una carrera armamentista".
Consultado sobre un posible pedido de prórroga de Chile, el funcionario dijo que la Cancillería "no pondría reparos", siempre que las tareas no se paralicen.
No se paraliza la barcaza que viene ahora hacia el lado chileno de la isla de Tierra del Fuego. Se bambolea como una hamaca. Pronto abrirá su boca de acero y soltará autos, camiones y acoplados, provenientes de la zona patagónica del continente. El Estrecho de Magallanes nunca se queda quieto, ni siquiera al tocar la playa de la Bahía Azul. Sabe que a unos pocos metros de allí, no sólo sus olas pueden provocar un estruendo.
Para volver a Ushuaia hay que pasar por San Sebastián, donde están los puestos de control fronterizo. A la vera de la ruta aparecen ovejas, zorros y guanacos. La nota está por terminar, pero, de pronto, una nueva advertencia: en San Sebastián hay otros cuatro campos minados. Activos.
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El dato no es menor, ya que si bien Chile es vecino inmediato de Perú y Bolivia, su principal frontera es con la Argentina, con una extensión superior a los 5000 kilómetros.
En diálogo con LA NACION, el senador Guinle explicó que el objetivo de su proyecto es que la cancillería argentina detalle a la Cámara alta qué información ha comunicado el Estado chileno sobre sus campos minados en la frontera con nuestro país y en qué estado se encuentra el proceso de desminado.
"Fundamentalmente, lo importante es saber cuál es la ubicación geográfica de las minas. ¿Están en Santa Cruz? ¿En Chubut? Este es el tema en el que la Cancillería tiene que estar encima", explicó Guinle.
Según el legislador -que basó su proyecto en datos del Ministerio de Defensa chileno publicados por el matutino trasandino El Mercurio -, hasta el momento Chile ha levantado 14 campos minados, con un total de 10.000 artefactos explosivos, en el marco del cumplimiento del Tratado de Ottawa, que promueve la eliminación de las minas antipersonales.
"Mientras en nuestro país no quedan artefactos enterrados en territorio continental, existen del lado chileno más de 100.000 minas colocadas durante el gobierno del dictador Augusto Pinochet. Esta es una situación que considero merece nuestra especial atención y seguimiento", remarcó Guinle.
El senador nacional solicita un informe detallado sobre la ubicación de las minas y plantea el debate sobre la necesidad de desarrollar campañas de concientización y prevención sobre la población argentina en las áreas fronterizas.
Con su proyecto, Guinle, quien se desempeñó como presidente provisional del Senado durante los dos primeros años de la gestión de Néstor Kirchner, volvió a poner en el centro de la atención política la existencia de campos minados en la frontera argentino-chilena.
El más conocido de esos campos de muerte está en el lado chileno de la isla de Tierra del Fuego, en el que son visibles los carteles que indican el despliegue de minas antipersonales en la región, en particular sobre la costa del estrecho de Magallanes. En 2005, en respuesta a un pedido de informes de la senadora Mabel Caparrós (PJ-Tierra del Fuego), el gobierno argentino contestó que, según datos de su par chileno, en esa zona hay instaladas unas 14.000 minas.
Por eso, Guinle reclama datos acerca de cuánto ha avanzado el proceso de desminado que el gobierno de Santiago dice estar llevando a cabo y la fecha estimada por su finalización. Asimismo, indaga sobre la señalización de los campos que permanecen activos y sobre eventuales accidentes que se hayan registrado.
La Argentina y Chile son dos de los 156 países firmantes del Tratado de Ottawa, que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y establece los plazos para la destrucción de los artefactos almacenados y el desminado de las zonas afectadas.
En 1999, según especifica el pedido de informes del senador, la Argentina ratificó por ley el tratado. De ese modo, "nuestro país asumió un compromiso de cumplimiento de lo establecido en el Tratado, debiéndose destacar que, de acuerdo con las presentaciones realizadas ante las Naciones Unidas, la Argentina no mantiene campos minados en su territorio continental". "Sólo quedan las minas instaladas en la zona de las islas Malvinas", agregó Guinle.
El desminado de las islas ha sido motivo de negociaciones con Gran Bretaña -país que también firmó y ratificó el Tratado- para estudiar la factibilidad de erradicar los campos minados en el territorio usurpado. Dentro de esas negociaciones no se trataron aspectos relacionados con la soberanía.
Se estima que entre 15.000 y 20.000 personas son víctimas de minas terrestres cada año. La mitad de ellas son casos fatales. La Argentina y Chile concluyeron en 2003 con la destrucción de las minas acumuladas en los arsenales de sus fuerzas armadas.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Todavía hoy, Chile tiene sus fronteras minadas. No desactivó 106.894 minas, que están desparramadas en 168 campos, al norte y al sur de la Cordillera de los Andes. Perú, Bolivia y Argentina son los tres países que limitan con esas barreras, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, pero amenaza vigente para la población civil.
El paso de los enviados de Clarín es advertido por un lugareño: "No se salgan de la ruta, porque si se adentran, corren serios riesgos". Pero hay que salirse y al menos sortear un alambrado caído para poder fotografiar y tomar nota de los carteles que confirman la presencia de esos artefactos, diseñados para diezmar a las tropas de desembarco.
En la Bahía Azul, las señales de alerta son rojas y verdes. Están en español, inglés y alemán, pero todas advierten lo mismo: que avanzar significa perder la vida o quedar mutilado. Un matrimonio de viajeros italianos pregunta desde la banquina: "¿Esto de las minas no será un invento para tener a raya a los argentinos?". Los informes oficiales son menos incrédulos: las minas están, son 3.636 en la zona costera y pueden explotar.
La constatación puede hacerse en la página Web de la Oficina para el Desarme de las Naciones Unidas. Allí está el Informe de Transparencia de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario (CNDA) que creó Chile para cumplir con la Convención de Ottawa, que prohíbe el uso y la producción de minas antipersonales y ordena destruírlas.
Si se cruzan los datos, puede deducirse que Chile no llegará a desminar su territorio para el año 2012, como indica su compromiso original, y que necesitará una prórroga para llegar al objetivo. En 2002, Chile declaró tener 122.661 minas en zonas de frontera. Al año siguiente las contó mejor y reportó 123.443.
Para el año 2005, el país trasandino mejoró el ritmo del desminado, porque dijo tener instaladas 119.347 minas y menos cantidad en 2006: 117.108, según los documentos a los que accedió Clarín. El año pasado, el reporte chileno habló de 112.449 minas, mientras que en mayo último se notificó a la ONU la cifra actual, 106.894. Pasado en limpio, desde 2002, sólo 15.767 minas fueron encontradas, extraídas del suelo y anuladas en su capacidad de daño. Representan el 12,8 por ciento del total. Y quiere decir que el trabajo está lejos de completarse.
Marcela Ríos, oficial de Gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, considera que "el proceso de desminado está en marcha y muy bien porque existe un fuerte compromiso del Estado de Chile y se han aumentado los recursos para hacerlo". Sin embargo, estima que "a pesar del fuerte impulso, es improbable que se cumpla con la meta del 2012 y quizás sea necesario extender dicho plazo".
El trabajo, sobre todo aquí, en el Sur, se dificulta por las condiciones climáticas (los expertos pueden trabajar sólo tres semanas al año) y los costos operativos. Poner una mina cuesta entre 50 y 200 dólares. Sacarla sale mucho más: 1.000 dólares. Hay países que hacen los dos trabajos: el negocio de la guerra y el negocio de la paz.
Las minas que se destruyeron más rápido fueron las que estaban almacenadas, el triple de las que permanecen activas. Según la Comisión de Desminado de Chile, en agosto de 2003 se completó la destrucción de las 300.039 que había en stock. Sólo se quedaron con un puñado para entrenamiento.
De las planillas documentales obtenidas por Clarín, también puede ponerse atención en las fechas de colocación de los explosivos. De ese ejercicio, salta un vínculo inmediato entre la instalación de campos minados y momentos clave en la Argentina gobernada por los militares. La mayoría de las minas fueron colocadas entre 1978 y 1979, cuando el conflicto por el Beagle estaba latente, y entre 1981 y 1983, cuando se produjo la guerra de Malvinas y el ocaso de la dictadura argentina.
"Hoy Chile está conforme con su statu quo territorial y no tiene reclamaciones pendientes con sus vecinos. Por lo tanto, su gran objetivo no es ofensivo, sino defensivo. Para materializar su defensa, ha escogido una estrategia disuasiva", aclaró la Comisión de Desminado en su página Web.
Del lado argentino, el ministro Gustavo Ainchil, de la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales, explicó que Chile "no ha incrementado su gasto en Defensa, sino que lo mantiene constante, y eso es bueno, porque quiere decir que no está en una carrera armamentista".
Consultado sobre un posible pedido de prórroga de Chile, el funcionario dijo que la Cancillería "no pondría reparos", siempre que las tareas no se paralicen.
No se paraliza la barcaza que viene ahora hacia el lado chileno de la isla de Tierra del Fuego. Se bambolea como una hamaca. Pronto abrirá su boca de acero y soltará autos, camiones y acoplados, provenientes de la zona patagónica del continente. El Estrecho de Magallanes nunca se queda quieto, ni siquiera al tocar la playa de la Bahía Azul. Sabe que a unos pocos metros de allí, no sólo sus olas pueden provocar un estruendo.
Para volver a Ushuaia hay que pasar por San Sebastián, donde están los puestos de control fronterizo. A la vera de la ruta aparecen ovejas, zorros y guanacos. La nota está por terminar, pero, de pronto, una nueva advertencia: en San Sebastián hay otros cuatro campos minados. Activos.
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Diario "La Nación". Buenos Aires, Lunes 14 de abril de 2008
Secuelas de la dictadura de Pinochet
Chile tiene 122.900 minas en la frontera con la Argentina
Según un informe del gobierno trasandino
COMODORO RIVADAVIA.- La dictadura de Augusto Pinochet podría haber
dejado también secuelas en la frontera argentino-chilena: el senador
nacional por Chubut Marcelo Guinle (PJ) presentó la semana pasada un
pedido de informes al gobierno nacional por la supuesta existencia de
campos minados en el límite que separa ambos países, según admitió el
propio Ministerio de Defensa de Chile.
El planteo de Guinle señala que de acuerdo con la información difundida
por el ministerio chileno a los medios de comunicación de ese país, en
la actualidad el Estado trasandino reconoce la existencia de 181 campos
minados con 122.909 minas antipersonales activas a lo largo de sus
fronteras.
El dato no es menor, ya que si bien Chile es vecino inmediato de Perú y Bolivia, su principal frontera es con la Argentina, con una extensión superior a los 5000 kilómetros.
En diálogo con LA NACION, el senador Guinle explicó que el objetivo de su proyecto es que la cancillería argentina detalle a la Cámara alta qué información ha comunicado el Estado chileno sobre sus campos minados en la frontera con nuestro país y en qué estado se encuentra el proceso de desminado.
"Fundamentalmente, lo importante es saber cuál es la ubicación geográfica de las minas. ¿Están en Santa Cruz? ¿En Chubut? Este es el tema en el que la Cancillería tiene que estar encima", explicó Guinle.
Según el legislador -que basó su proyecto en datos del Ministerio de Defensa chileno publicados por el matutino trasandino El Mercurio -, hasta el momento Chile ha levantado 14 campos minados, con un total de 10.000 artefactos explosivos, en el marco del cumplimiento del Tratado de Ottawa, que promueve la eliminación de las minas antipersonales.
"Mientras en nuestro país no quedan artefactos enterrados en territorio continental, existen del lado chileno más de 100.000 minas colocadas durante el gobierno del dictador Augusto Pinochet. Esta es una situación que considero merece nuestra especial atención y seguimiento", remarcó Guinle.
El senador nacional solicita un informe detallado sobre la ubicación de las minas y plantea el debate sobre la necesidad de desarrollar campañas de concientización y prevención sobre la población argentina en las áreas fronterizas.
Con su proyecto, Guinle, quien se desempeñó como presidente provisional del Senado durante los dos primeros años de la gestión de Néstor Kirchner, volvió a poner en el centro de la atención política la existencia de campos minados en la frontera argentino-chilena.
El más conocido de esos campos de muerte está en el lado chileno de la isla de Tierra del Fuego, en el que son visibles los carteles que indican el despliegue de minas antipersonales en la región, en particular sobre la costa del estrecho de Magallanes. En 2005, en respuesta a un pedido de informes de la senadora Mabel Caparrós (PJ-Tierra del Fuego), el gobierno argentino contestó que, según datos de su par chileno, en esa zona hay instaladas unas 14.000 minas.
Más precisiones
Ahora, Guinle pretende mayores precisiones. "No tenemos ninguna información sobre cuántas minas están ubicadas en nuestra frontera", agregó, tras lo cual destacó que las minas antipersonales tienen una vida útil "cercana a los cincuenta años".Por eso, Guinle reclama datos acerca de cuánto ha avanzado el proceso de desminado que el gobierno de Santiago dice estar llevando a cabo y la fecha estimada por su finalización. Asimismo, indaga sobre la señalización de los campos que permanecen activos y sobre eventuales accidentes que se hayan registrado.
La Argentina y Chile son dos de los 156 países firmantes del Tratado de Ottawa, que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y establece los plazos para la destrucción de los artefactos almacenados y el desminado de las zonas afectadas.
En 1999, según especifica el pedido de informes del senador, la Argentina ratificó por ley el tratado. De ese modo, "nuestro país asumió un compromiso de cumplimiento de lo establecido en el Tratado, debiéndose destacar que, de acuerdo con las presentaciones realizadas ante las Naciones Unidas, la Argentina no mantiene campos minados en su territorio continental". "Sólo quedan las minas instaladas en la zona de las islas Malvinas", agregó Guinle.
El desminado de las islas ha sido motivo de negociaciones con Gran Bretaña -país que también firmó y ratificó el Tratado- para estudiar la factibilidad de erradicar los campos minados en el territorio usurpado. Dentro de esas negociaciones no se trataron aspectos relacionados con la soberanía.
Se estima que entre 15.000 y 20.000 personas son víctimas de minas terrestres cada año. La mitad de ellas son casos fatales. La Argentina y Chile concluyeron en 2003 con la destrucción de las minas acumuladas en los arsenales de sus fuerzas armadas.
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