Secretos del poder filtrados, más presión sobre la prensa
Diario "Clarín". Buenos Aires, 18 de agosto de 2013.
Espionaje y periodismoLa condena a 100 años contra el soldado Manning, por robo de documentos diplomáticos, puede ser interpretada también como una advertencia a los medios que publican informaciones sensibles.
El 13 de junio de
1971 The New York Times publicó en su primera página la historia de los
llamados “Papeles del Pentágono”, una investigación sobre un documento
secreto de 47 volúmenes que Daniel Ellsberg, agente del Pentágono,
filtró a la prensa.
Los “Papeles…” contaban la historia negra de la participación de Estados Unidos en Vietnam, incluyendo las mentiras sistemáticas de Lyndon Johnson,
vicepresidente y sucesor de John F. Kennedy, al Congreso y a la opinión
pública norteamericana. Desde esa primera nota del Times, el presidente
Richard Nixon apuntó todos los cañones legales del Gobierno de EE.UU contra The New York Times y The Washington Post, que se sumó a la publicación de los “Papeles…”. El 30 de junio de 1972 el Tribunal Supremo de EE.UU falló a favor de los diarios y dijo que eran inconstitucionales los intentos de la Casa Blanca para bloquear la publicación del oscuro papel de Washington en Vietnam.
Pareció un triunfo de la libertad de prensa y la ratificación definitiva de la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que dice textual: “El Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de dichas actividades; o que coarte la libertad de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente, y para solicitar al gobierno la reparación de agravios”.
La Caja de Pandora, sin embargo, había sido abierta. Desde entonces, lo que estaba prohibido discutir se transformó en tema de argumentación y debate: el derecho o no del Estado de accionar sobre la prensa para frenar la publicación de lo que los gobiernos consideran información secreta.
La semana pasada se conoció la sentencia por casi 100 años de prisión contra Bradley Manning, un ex soldado norteamericano que filtró más de 700.000 cables e informes secretos al sitio WikiLeaks, de Julian Assange, y que, seleccionados y editados, fueron publicados a lo largo de 2010 por The New York Times, The Guardian (Londres), Der Spiegel (Alemania) y El País (Madrid). La Corte militar no pudo probar que Manning ayudó al enemigo cuando filtró los cables secretos, pero la sentencia es un mensaje directo que va más allá de los aparentes destinatarios, los agentes y oficiales de organismos del Estado con acceso a información confidencial: es una advertencia frontal contra los periodistas de investigación y los diarios y medios de todo el mundo.
Si se condena a quien filtra la información, podría condenarse a quien la pública, parece decir la entrelínea del fallo.
La sentencia contra Manning es para la prensa norteamericana una derrota.
James C. Goodale, consejero general del New York Times en los tiempos del juicio de Nixon contra ese diario por “Los Papeles del Pentágono” dijo al Times tras la sentencia al soldado: “el Presidente Obama está siguiendo los pasos de Nixon… Obama no puede, aparentemente, distinguir entre la acción de comunicar información al enemigo y comunicar información a la prensa. Lo primero es espionaje, lo segundo no”.
El fiscal que acusó a Manning no pudo probar que hubiera existido ayuda o intención de ayudar al enemigo en la filtración de los cables, por eso la sentencia desde la mirada de los periodistas y los abogados se transforma en una amenaza y advertencia a la libertad de acceso y publicación de información. Entrevistado por Deutsche Welle, la agencia de noticias alemana, Yochai Benkler, director del Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard y testigo en el juicio contra el soldado Manning dijo: “Que Manning haya sido encontrado culpable de muchas violaciones a la Ley de Espionaje y crímenes informáticos significa que el gobierno ha mostrado que puede usar un amplio arsenal de herramientas legales para perseguir tanto a los periodistas como a sus fuentes”. Benkler augura “un período sombrío para el periodismo de investigación en el área de seguridad nacional”. Y lo que haga Estados Unidos en nombre de la seguridad nacional se transformará en una guía de acción para los Estados más poderosos.
La sentencia contra Manning es para organizaciones de periodistas como la Global Editors Network (GEN) un Caballo de Troya contra los medios y la libertad de prensa.
El listado de casos de información sensible filtrada a la prensa que son transformados en una advertencia temeraria contra los periodistas es extenso: Julian Assange, fundador del sitio WikiLeaks, que el 25 de julio de 2010 disparó esta historia con la publicación de 92.000 cables secretos sobre la Guerra de Afganistán, es un muerto en vida, asilado en la embajada de Ecuador en Londres.
Edward Snowden, ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que hizo públicos los datos sobre el programa de vigilancia ciudadana que lleva a cabo el gobierno de Obama está asilado en Rusia, destinado a pasar lo que le quede de vida huyendo de los perros de caza de la CIA.
Glenn Greenwald, el periodista de The Guardian de Londres que publicó la información que Snowden filtró sobre la NSA, ha sido acusado hasta por sus propios colegas: el Times mencionó hace una semana una entrevista entre David Gregory de la cadena NBC y Glenn Greenwald en la que el periodista que conduce “Meet the Press” le preguntó al hombre de The Guardian por qué no debería ser acusado de cometer un delito si había ayudado e instigado a Snowden para que hiciera públicos los cables que probaron que Estados Unidos espía a sus ciudadanos. Greenwald le contestó: “Si vas a aceptar esa teoría, significa que todos los periodistas de investigación de EE.UU., que trabajan con sus fuentes y reciben información clasificada, son criminales”.
James Rosen de Fox News fue puesto en la mira de la administración Obama, que pidió a la Corte una autorización para examinar los mails de Rosen, porque entendía que había razones para sospechar que el periodista fue “ayudante, cómplice o conspirador de violaciones a la Ley de Espionaje”.
The New York Times denunció que en junio pasado un tribunal federal dio la razón al Departamento de Justicia en la citación de un periodista de ese diario, James Risen, que ahora deberá testificar en un juicio bajo las leyes de espionaje, o será acusado de desacato.
Las revelaciones de Snowden sobre el espionaje de la NSA a ciudadanos norteamericanos, gobiernos y empresas dispararon un escándalo internacional. El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, viajó esta semana a Colombia y Brasil, para apagar el incendio desatado por las revelaciones de Snowden y The Guardian: la NSA espió con base en Brasilia a políticos, empresarios, industriales y ciudadanos comunes de Brasil. Además, en plena Cumbre de las Américas en 2009, en Trinidad y Tobago, espió a los presidentes que compartieron la mesa con el propio Obama.
Ahora más que nunca, es necesario para los Estados con acceso a tecnologías de intercepción electrónica buscar cualquier medio que evite la filtración y publicación de información confidencial y sensible, porque el caudal de ese tipo de datos ya es un verdadero océano de cables secretos, espionaje e intromisión en la vida privada de los ciudadanos y en la soberanía de terceros Estados.
Aún con un paraguas protector poderoso como la Primera Enmienda (sólo para los periodistas de Estados Unidos, vale aclararlo), la lucha contra el terrorismo internacional es un argumento que parece borrar principios y derechos.
La tensión entre el poder y los medios no es una novedad, pero sí el cambio de escenario que imponen las más poderosas tecnologías de la información, que permiten en segundos y en un pendrive almacenar información que antes dormía segura en supercomputadoras.
Más allá de la presión de los gobiernos sobre los periodistas y los medios, la pregunta es qué es lo correcto frente a informaciones que muestran abusos de soldados, violaciones a los derechos humanos, asesinatos de civiles… como develaron los cables que Manning entregó a Assange y Assange a The Guardian, The New York Times, Der Spiegel y El País.
Paul Steiger, director de ProPublica.org, ex editor general de The Wall Street Journal, le dijo a Clarín: “Si sos un oficial del gobierno y ves algo que se hace mal, creo que es tu deber tratar de hacerlo público… Los periodistas tratamos de blanquear los secretos y la gente de los gobiernos trata de que sigan siendo secretos” (Ver recuadro).
El punto crítico es a través de qué medios los estados intentan mantener sus secretos.
La saga Manning parece demostrar que, aún para un gobierno demócrata, la respuesta es: “a través de todos los medios”.
Lo que importa es el fin.
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