Viernes 20 de septiembre de 2013
Correa expresó su enojo en Olivos, en una reunión a puertas cerradas
En medio un extremo hermetismo,
la presidenta Cristina Kirchner recibió ayer en la residencia de Olivos
a su par de Ecuador, Rafael Correa, quien le expresó en forma reservada
su "malestar" por el acuerdo entre YPF y la petrolera norteamericana
Chevron por la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Ambos
acordaron, sin embargo, disimular las fisuras en la relación bilateral y
mantener la alianza bolivariana.
"Correa mantiene una pelea judicial con Chevron
en tribunales internacionales y vino a expresar su malestar a Cristina
por el acuerdo de esa empresa con YPF", confió a LA NACION una fuente
oficial interiorizada en la relación bilateral.Pero ambos gobiernos se negaron a difundir detalles de la reunión, que tuvo carácter privado y no oficial. Además, a última hora se cambió el lugar de manera sugestiva: estaba programada en la Casa Rosada y a media tarde el encuentro se trasladó a Olivos.
"Fue precisamente para evitar indiscreciones y trascendidos. El conflicto era Chevron", comentaron a LA NACION en Balcarce 50. Correa le había anticipado a la Presidenta hace varios días, por canales informales que existen entre ellos, que quería expresarle y explicarle su fastidio por el acuerdo YPF-Chevron.
En un controvertido acuerdo, con cláusulas secretas, la petrolera norteamericana se comprometió a invertir US$ 1200 millones en la explotación de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento de Vaca Muerta.
La polémica apertura de la Argentina a Chevron debilita la postura de Correa, que demandó a esa misma petrolera ante el tribunal arbitral internacional por contaminación ambiental en una explotación en la selva amazónica. Ese tribunal rechazó anteayer el planteo del Estado ecuatoriano y cualquier demanda ambiental colectiva a Chevron.
Ello golpeó políticamente a Correa, quien ayer le comentó a la mandataria argentina la estrategia judicial que seguirá su gobierno.
La reunión privada entre ambos duró más de media hora y se produjo en el sector Jefatura de Olivos, con el canciller Héctor Timerman como único testigo.
El motivo oficial de la visita de Correa al país fue su participación en la XXV Conferencia Interamericana Scout, habida cuenta de que el presidente ecuatoriano es scout.
Sin embargo, al llegar al aeroparque Jorge Newbery, el mandatario habló de Chevron, el único tema que el gobierno argentino no quería que abordara. "Si Cristina Kirchner hubiera sido presidenta de Ecuador en la época en que Texaco (luego Chevron) destruyó la selva, eso jamás lo hubiera permitido", dijo Correa, como se informa por separado.
Sus declaraciones fueron interpretadas en la Casa Rosada como un apoyo formal a la Presidenta, un acuerdo por mantener la alianza estratégica con el eje bolivariano que completan Venezuela y Bolivia en América del Sur, pero también como una advertencia y una presión a nuestro país por haber promovido un acuerdo entre YPF y la empresa demandada por Ecuador.
"En público, Correa no dirá nada contra Cristina, una aliada. Pero vino a expresar su malestar porque este acuerdo lo hizo su amiga y no el presidente norteamericano Barack Obama", señaló un funcionario a LA NACION.
Antes del arribo de Correa las dos cancillerías trabajaron en las comisiones mixtas los temas bilaterales, casi como una formalidad. Se habló de proyectos de cooperación en el sector agrícola, energético, la formación y capacitación de jóvenes, la transferencia de expertos entre países, el intercambio comercial exiguo, las ventas de soja y de software de nuestro país.
"Todo nuestro apoyo a la Presidenta, esto para evitar todo tipo de especulaciones", señaló el mandatario ecuatoriano al llegar al sector militar del aeroparque. "Mi presencia aquí es para participar en la inauguración de la Conferencia Interamericana de Scoutismo", dijo.
Sin embargo, Correa había hecho un llamado a la "solidaridad" para que los "ciudadanos del mundo" no compren productos de Chevron. Y la Argentina hizo nada menos que un acuerdo de explotación de combustibles no convencionales..
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Viernes 20 de septiembre de 2013
Rafael Correa: "Cristina Kirchner jamás hubiese permitido que Texaco destrozara la selva ecuatoriana"
Apenas
aterrizó en la Argentina, el presidente de Ecuador justificó el acuerdo
comercial entre YPF y la petrolera estadounidense y ratificó su apoyo a
la Presidenta
En
su primer contacto con la prensa, apenas aterrizó, el presidente de
Ecuador, Rafael Correa, afirmó ayer que su gobierno confía "en Cristina
Fernández de Kirchner", porque sabe "cómo piensa y cómo siente". Los
dichos del ecuatoriano están vinculados a los cortocircuitos que tuvo su gobierno con Chevron , empresa petrolera que mantiene un acuerdo comercial con YPF para operar en Vaca Muerta.
"Todo
nuestro apoyo a la Presidenta, esto para evitar todo tipo de
especulaciones que se han tenido al respecto", sostuvo Correa al llegar
al sector militar del aeroparque.El primer mandatario ecuatoriano arribó poco después de las 16.30 de ayer, acompañado de una reducida comitiva y fue recibido por la embajadora de Ecuador en Argentina, Gloria Vidal Illingworth, y el subdirector de Ceremonial de la Cancillería argentina, Víctor Trueda. Esta noche inaugurará la XXV Conferencia de Scouts en Buenos Aires.
"Estoy muy contento de estar nuevamente aquí en esta patria tan querida, en esta patria grande. Mi presencia aquí, para todas las especulaciones que se han realizado, es para participar en la inauguración de la vigésima quinta Conferencia Interamericana de Scoutismo", dijo Correa al bajar del avión ante los periodistas que cubrían su arribo.
"Los que me conocen -agregó- saben que he sido Scout desde muy pequeño, he sido dirigente y en Ecuador hemos empezado una campaña muy fuerte y muy profunda, para promocionar movimientos juveniles y actividades extracurriculares, por eso estamos gustosos de esta invitación para inaugurar la Conferencia esta noche".
Y ratificó su apoyo a Cristina: "Para cualquier especulación, tomen nota: nosotros confiamos totalmente en Cristina Fernández de Kirchner y si Cristina Fernández de Kirchner hubiera sido presidenta de Ecuador en la época en que Texaco destruyó la selva ecuatoriana, eso jamás lo hubiera permitido. Por eso todo nuestro apoyo al gobierno de Cristina", sentenció antes de despedirse sin responder preguntas..
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
El acuerdo le abrió al Gobierno varios frentes: 1) el ambientalismo lo condena con un eslogan: "no al fracking", bastante parecido al "no a las papeleras" y al "no a la mina"; 2) el indigenismo se opone porque aduce que las tierras en las cuales se harán las operaciones son originalmente mapuches; 3) Repsol lo critica porque aún no cobró el precio por las acciones de YPF expropiadas; 4) el nacionalismo lo critica porque la YPF estatizada lo primero que hace es llamar al capital norteamericano, con un acuerdo privado que nadie conoce; 5) las provincias critican porque consideran que se avasallan las autonomías provinciales y los derechos consagrados en el art. 124 de la Constitución Nacional; 6) finalmente, los especialistas energéticos lo critican por motivos de legalidad y de política energética, ya que la modalidad elegida no es la conveniente para explotar ese importante recurso. Los primeros tres cuestionamientos no son de índole energética; los últimos tres sí lo son.
Antes de entrar en el fondo de la cuestión, quisiera considerar brevemente los argumentos no energéticos. La oposición indigenista de propiedad ancestral respecto de las tierras sobre las que se hará la explotación no puede ser esgrimida, como tampoco la de ningún propietario superficiario, ya que la explotación se hará en el subsuelo y no en suelo, y en esto no hay diferencia entre la explotación convencional de petróleo que se viene haciendo en nuestro país desde 1907 y la no convencional. Los propietarios superficiarios, indigenistas o no, son resarcidos con un canon e indemnizaciones establecidos en la legislación en vigor (art. 100 de la ley 17.319).
El argumento ambientalista de la posible contaminación de la técnica de las fracturas y de la gran utilización de agua debe sí inexorablemente ser abordado y ser tratado en términos científicos positivos y no políticos; los daños al ambiente deben ser cuantificados y controlados, y nuestro país debe adoptar la normativa ambiental más exigente y moderna que se disponga en el mundo. Esto es importante y además exigible por parte de la ciudadanía al Estado, porque es un nuevo derecho amparado por el art. 41 de la Constitución. No es admisible, en cambio, la oposición por la oposición misma y sin admitir prueba en contrario. En cuanto a la oposición del expropiado -Repsol- es una cuestión que se dirimirá oportunamente en los tribunales correspondientes.
Dicho esto entro en la cuestión para mí más relevante de este acuerdo. Vaca Muerta, junto con otras formaciones similares de "rocas generadoras de hidrocarburos", es un yacimiento que contiene recursos de petróleo y gas en una cantidad que algunos ubican entre las más importantes del planeta. Digo con toda intención "algunos" por dos razones: en primer lugar, se trata de "recursos" y no de "reservas comprobadas"; o sea, la incertidumbre es todavía muy grande. La segunda razón es que aún no se ha expedido sobre esta cuantía la Secretaría de Energía de la Nación, que es la autoridad de aplicación de la ley 17.319.
En la eventualidad de la existencia real de esa riqueza extraordinaria, la Argentina debería explotarla con una política acorde con la real dimensión de esa riqueza; esto implica realizar previamente al inicio de la explotación un trabajo técnico, legal y político de magnitud: 1) debe sancionarse una nueva ley de hidrocarburos que reemplace a la obsoleta ley 17.319, que data de 1967 (o sea, es anterior a la Constitución de 1994) y que no contempla la existencia de este tipo de recursos; 2) debe desarrollarse una normativa ambiental exigente y apropiada; 3) deben diseñarse "contratos tipo" y mecanismos de licitación pública transparentes; y 4) deben delinearse mecanismos de apropiación de renta justos y razonables entre el Estado y el explotador público o privado.
Atención: si los recursos fueran realmente explotables, esa renta cuantiosísima debería ser utilizada para resolver problemas socioeconómicos irresueltos en nuestro país en beneficio de todos sus habitantes, y no de una empresa, y esto requiere de una política pública bien discutida y acordada. Debe haber una mirada de largo plazo que hoy no existe.
Hay dos cuestiones adicionales importantes. La primera es que no es admisible que el contrato de YPF con Chevron sea secreto, porque YPF ahora es una empresa pública. En segundo lugar, el decreto 929, concebido para dar andamiento al contrato, incumple con la ley de hidrocarburos en vigor en cuanto al otorgamiento de prórrogas en las actuales concesiones que ya fueron prorrogadas. Las prórrogas por 35 años que debería otorgar la provincia de Neuquén pondrían a las actuales concesiones de YPF en Vaca Muerta al margen de la ley 17.319 en vigor y las convertirían en nulas.
© LA NACION.
Viernes 16 de agosto de 2013
Los errores del acuerdo YPF-Chevron
YPF y Chevron
firmaron un acuerdo entre partes para explorar y explotar recursos no
convencionales en la formación Vaca Muerta, en una porción de un área
concesionada a YPF en la provincia de Neuquén. Es importante por varias
razones. Es la primera gran jugada de YPF
después de la estatización del 51% del paquete accionario y es la
primera operación de envergadura en materia de producción de
hidrocarburos con métodos no convencionales.
El acuerdo se manejó
en secreto, como si se tratara de una negociación entre empresas
privadas. Para hacerlo posible, el Poder Ejecutivo tuvo que dictar un
decreto, el 929/13, cuyas cláusulas son específicas para Chevron y que
además es violatorio de la ley de hidrocarburos en vigor. El hecho ha
producido un revuelo político mayúsculo en el país, paradójicamente,
atenuado por la contienda electoral.El acuerdo le abrió al Gobierno varios frentes: 1) el ambientalismo lo condena con un eslogan: "no al fracking", bastante parecido al "no a las papeleras" y al "no a la mina"; 2) el indigenismo se opone porque aduce que las tierras en las cuales se harán las operaciones son originalmente mapuches; 3) Repsol lo critica porque aún no cobró el precio por las acciones de YPF expropiadas; 4) el nacionalismo lo critica porque la YPF estatizada lo primero que hace es llamar al capital norteamericano, con un acuerdo privado que nadie conoce; 5) las provincias critican porque consideran que se avasallan las autonomías provinciales y los derechos consagrados en el art. 124 de la Constitución Nacional; 6) finalmente, los especialistas energéticos lo critican por motivos de legalidad y de política energética, ya que la modalidad elegida no es la conveniente para explotar ese importante recurso. Los primeros tres cuestionamientos no son de índole energética; los últimos tres sí lo son.
Antes de entrar en el fondo de la cuestión, quisiera considerar brevemente los argumentos no energéticos. La oposición indigenista de propiedad ancestral respecto de las tierras sobre las que se hará la explotación no puede ser esgrimida, como tampoco la de ningún propietario superficiario, ya que la explotación se hará en el subsuelo y no en suelo, y en esto no hay diferencia entre la explotación convencional de petróleo que se viene haciendo en nuestro país desde 1907 y la no convencional. Los propietarios superficiarios, indigenistas o no, son resarcidos con un canon e indemnizaciones establecidos en la legislación en vigor (art. 100 de la ley 17.319).
El argumento ambientalista de la posible contaminación de la técnica de las fracturas y de la gran utilización de agua debe sí inexorablemente ser abordado y ser tratado en términos científicos positivos y no políticos; los daños al ambiente deben ser cuantificados y controlados, y nuestro país debe adoptar la normativa ambiental más exigente y moderna que se disponga en el mundo. Esto es importante y además exigible por parte de la ciudadanía al Estado, porque es un nuevo derecho amparado por el art. 41 de la Constitución. No es admisible, en cambio, la oposición por la oposición misma y sin admitir prueba en contrario. En cuanto a la oposición del expropiado -Repsol- es una cuestión que se dirimirá oportunamente en los tribunales correspondientes.
Dicho esto entro en la cuestión para mí más relevante de este acuerdo. Vaca Muerta, junto con otras formaciones similares de "rocas generadoras de hidrocarburos", es un yacimiento que contiene recursos de petróleo y gas en una cantidad que algunos ubican entre las más importantes del planeta. Digo con toda intención "algunos" por dos razones: en primer lugar, se trata de "recursos" y no de "reservas comprobadas"; o sea, la incertidumbre es todavía muy grande. La segunda razón es que aún no se ha expedido sobre esta cuantía la Secretaría de Energía de la Nación, que es la autoridad de aplicación de la ley 17.319.
En la eventualidad de la existencia real de esa riqueza extraordinaria, la Argentina debería explotarla con una política acorde con la real dimensión de esa riqueza; esto implica realizar previamente al inicio de la explotación un trabajo técnico, legal y político de magnitud: 1) debe sancionarse una nueva ley de hidrocarburos que reemplace a la obsoleta ley 17.319, que data de 1967 (o sea, es anterior a la Constitución de 1994) y que no contempla la existencia de este tipo de recursos; 2) debe desarrollarse una normativa ambiental exigente y apropiada; 3) deben diseñarse "contratos tipo" y mecanismos de licitación pública transparentes; y 4) deben delinearse mecanismos de apropiación de renta justos y razonables entre el Estado y el explotador público o privado.
Atención: si los recursos fueran realmente explotables, esa renta cuantiosísima debería ser utilizada para resolver problemas socioeconómicos irresueltos en nuestro país en beneficio de todos sus habitantes, y no de una empresa, y esto requiere de una política pública bien discutida y acordada. Debe haber una mirada de largo plazo que hoy no existe.
Hay dos cuestiones adicionales importantes. La primera es que no es admisible que el contrato de YPF con Chevron sea secreto, porque YPF ahora es una empresa pública. En segundo lugar, el decreto 929, concebido para dar andamiento al contrato, incumple con la ley de hidrocarburos en vigor en cuanto al otorgamiento de prórrogas en las actuales concesiones que ya fueron prorrogadas. Las prórrogas por 35 años que debería otorgar la provincia de Neuquén pondrían a las actuales concesiones de YPF en Vaca Muerta al margen de la ley 17.319 en vigor y las convertirían en nulas.
© LA NACION.
No hay comentarios:
Publicar un comentario